A pesar del uso extendido del correo electrónico y el fax, las cartas siguen teniendo gran protagonismo en la vida empresarial mucho más amplio que en la vida ordinaria.

No existen cartas sin importancia en la empresa. Todas representan la posibilidad de establecer una relación, influir en determinas personas, establecer mejores relaciones comerciales o darse a conocer por los clientes potenciales.

Se envían cartas para remitir o solicitar información, resolver dudas, vender nuevas ideas y servicios, cartas de recordatorio, felicitaciones, y en general para mantener el contacto con las relaciones de la compañía.

La información recogida en este blog lo es solamente a nivel orientativo, antes de hacer uso de los modelos de cartas, escritos y contratos de los post, el visitante debe verificar su contenido y actualidad en alguna fuente oficial.

martes, 31 de enero de 2012

Modelo Solicitud alta en el Régimen Especial Autónomos. RETA

Si realizas de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción a contrato de trabajo y aunque utilices el servicio remunerado de otras personas, seas o no titular de empresa individual o familiar eres responsable de darte de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, de notificar la variación de tus datos y de comunicar la baja en el régimen cuando finalices tu actividad.
  
Conocer los procedimientos y documentos de la tramitación y saber quienes están obligados a darse de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos es fundamental al iniciar un nuevo proyecto.
 
Es importante que sepas que el RETA es compatible con otros regímenes, también que el alta es única aunque realices varias actividades vinculadas al RETA, y que si nunca has trabajado con anterioridad, previamente tienes que solicitar un número de afiliación a la Seguridad Social.
  
 
¿Quiénes estáis obligados a daros de alta en el RETA?
 
 
Los casos más comunes de personas obligadas a darse de alta en el régimen especial de autónomos son las siguientes:
 
  • Trabajadores mayores de 18 años, que, de forma habitual, personal y directa, realizan una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción a contrato de trabajo. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que en el interesado concurre la condición de trabajador por cuenta propia o autónomo si el mismo ostenta la titularidad de un establecimiento abierto al público como propietario, arrendatario, usufructuario u otro concepto análogo.
  • Cónyuge y familiares hasta el segundo grado inclusive (en el caso de trabajadores del Sistema Especial de Trabajadores Autónomos, hasta el tercer grado) por consanguinidad, afinidad y adopción que colaboren con el trabajador autónomo de forma personal, habitual y directa y no tengan la condición de asalariados.
  • Los escritores de libros.
  • Los trabajadores autónomos económicamente dependientes.
  • Los trabajadores autónomos extranjeros que residan y ejerzan legalmente su actividad en territorio español.
  • Profesionales que ejerzan una actividad por cuenta propia, que requiera la incorporación a un Colegio Profesional cuyo colectivo se haya integrado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
  • Los socios trabajadores de las Cooperativas de Trabajo Asociado, cuando éstas opten por este régimen en sus estatutos. En este caso, la edad mínima de inclusión en el Régimen Especial es de 16 años.
  • Comuneros o socios de comunidades de bienes y sociedades civiles irregulares.
  • Quienes ejerzan funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de consejero o administrador, o presten otros servicios para una sociedad mercantil capitalista, a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa, siempre que posean el control efectivo, directo o indirecto, de aquélla. Se entenderá, en todo caso, que se produce tal circunstancia, cuando las acciones o participaciones del trabajador supongan, al menos, la tercera parte del capital social, la cuarta parte si desempeña funciones de gerencia o la mitad si está en posesión de familiares directos (segundo grado de consanguinidad).
  
Es muy importante tener en cuenta que además de estar dado de al alta en el RETA tienes dos obligaciones fundamentales que cumplir si tu relación laboral encaja en lo que se denomina trabajador autónomo económicamente dependiente,es decir, si realizas una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante para un cliente del que percibes, al menos, el 75 por ciento de tus ingresos por rendimientos de trabajo y actividades económicas o profesionales:
 
Cumplimentar un contrato por escrito con tu cliente, donde se especifique la actividad económica o profesional que vas a realizar como trabajador autónomo económicamente dependiente.
Registrar el contrato mediante la presentación personal o a través del procedimiento telemático del Servicio Público de Empleo Estatal.
Trámites a realizar para la solicitud del Alta en el RETA
 
El alta en el RETA se efectúa mediante la presentación del modelo TA0521 en las administraciones de la Seguridad Social, acompañándolo de la siguiente documentación:
 
  1. Documento identificativo del / de la solicitante, (Documento Nacional de Identidad, Tarjeta de Extranjero o Pasaporte, según el caso)
  2. Original y copia del permiso de trabajo o certificación de la excepción al citado permiso, en las altas de trabajadores de nacionalidad extranjera que precisen tal permiso de trabajo.
  3. Original y copia de cualquier documento o medio de prueba determinante de la procedencia del alta. Lo más común es la Declaración Censal de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Atención, esto significa que tienes previamente que haberte dado de alta en el IAE.
  4. Si se trata de un trabajador/a autónomo socio de una sociedad inscrita, o no, en la Seguridad Social: original y copia del documento de constitución de la sociedad, debidamente inscrita en el Registro que, en cada caso, corresponda. En el supuesto de componentes de Comunidades de Bienes o Sociedades Civiles: el contrato suscrito por los comuneros o socios.
 
El TA.0521-1 modelo de solicitud de alta / baja / variación de datos en el Régimen Especial de Autónomos, es el modelo más común de solicitud simplificada y que puedes listarlo en este enlace PDF.
En este otro enlace encontrarás todos los restantes modelos TA.0521

El plazo de presentación del alta es de 30 días naturales siguientes al inicio de la actividad ( es decir, desde que te diste de alta en el IAE). Las altas tendrán efecto desde el primer día del mes natural en que concurran todas las condiciones y se haya presentado en el plazo reglamentario.

Trámites a realizar para la variación de datos y para la solicitud de la Baja en el RETA
Las comunicaciones de modificación de datos identificativos, domiciliarios o laborales y las solicitudes de baja en el RETA tienes que presentarlas también en el modelo TA0521.

En este caso, la documentación a presentar es la que hemos comentado más arriba pero tendrás que añadirle el original y copia del documento o medio de prueba determinante de la procedencia de la baja o de la variación de datos.

Plazo de presentación: En ambos casos son seis días naturales a partir de aquel en que dejen de concurrir las condiciones requeridas. Las bajas tendrán efecto desde el día primero del mes siguiente a aquel en que, en las personas de que se trate, dejen de concurrir los requisitos y condiciones necesarias para su inclusión en el Régimen Especial.

Otra información de Interés
Si necesitas información sobre las direcciones provinciales del TGSS acude al siguiente enlace:
Oficinas de la Tesorería General de la Seguridad social

Para realizar trámites de la Seguridad Social a través de Internet puedes utilizar el
Sistema Red.

Si estas trabajando en un proyecto nuevo te recomiendo pasarte por el último post  de Desencadenado, Crear una empresa en 3 horas por 71 euros muy interesante.
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lunes, 23 de enero de 2012

Modelos demandas por modificación sustancial condiciones trabajo

Según indica el art. 41.1 del Estatuto de los Trabajadores, «la dirección de la empresa, cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, podrá acordar modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo» , modificaciones que deberán llevarse a efecto, según sean individuales o colectivas, por los procedimientos previstos en los párrafos 4 o 5 del mismo precepto.


Que debemos entender por «modificación sustancial de las condiciones de trabajo». 

El precepto legal se limita a decir que tendrán tal consideración, las que afecten a las siguientes materias:

a) Jornada de trabajo
b) horario
c) régimen de trabajo a turnos
d) sistema de remuneración
e) sistema de trabajo y rendimiento
f) funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el art. 39 del Estatuto de los trabajadores.

Una vez dicho esto, no cabe extraer consecuencia concluyente alguna, pues si, de una parte, del «entre otras» puede obviamente deducirse que el listado legal es un numerus apertus, de otra, el propio concepto de «modificación sustancial» presupone el de «modificación no sustancial», sin que el criterio de la materia afectada permita deslindar uno de otro: será la entidad de la modificación y no la materia sobre la que ésta incida la que permitirá discriminar las modificaciones sustanciales de las que no lo son. En definitiva, habrá modificaciones que afecten a las materias listadas que no serán sustanciales y habrá modificaciones sustanciales que no se refieran a éstas.

Por otro lado la jurisprudencia tampoco ha clarificado el concepto de modificación sustancial, pues lo que ha hecho, ha sido remitirse a un análisis tópico en el que se pondere la relevancia de la modificación pretendida sobre el equilibrio del contrato, de suerte que sólo cuando la modificación afecte a aspectos fundamentales de la relación laboral pasando a ser otros distintos de modo notorio (S.T.S. 6 de abril de 1995 [A/778] y 3 de abril de 1995 [A/2.905]) podrá ésta calificarse de sustancial. Hay que estar, por tanto, a los repertorios jurisprudenciales para saber cuando estamos o no ante una modificación sustancial.


La modificación sustancial debe «ex art. 41 E.T.». fundamentarse en «probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción». Concepto jurídico indeterminado que la
ley pretende clarificar, vinculando en todo caso la lectura que del mismo haga el juez, mediante una «explicación» prolija y laxa: «Se entenderá que concurren las causas a que se refiere este artículo cuando la adopción de las medidas propuestas contribuya a mejorar la situación de la empresa a través de una más adecuada organización de sus recursos, que favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la demanda». El juez sobre el que, en su caso, recaiga el control causal de la modificación deberá, para determinar su carácter justificado o injustificado, examinar si la decisión empresarial de llevarla a efecto es o no una de las factibles para conseguir los objetivos legalmente previstos: mejora de la situación de la empresa a través de una más adecuada organización de sus recursos, que favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la demanda.

Modificaciones Individuales o colectivas

Las
modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo pueden ser individuales y colectivas, diferenciación importantisima ya que se diversifica el procedimiento para llevar a cabo la modificación según se trate de una o de otra.
La modificación será individual si afecta a «condiciones de trabajo que disfrutan los trabajadores a título individual», es decir, si se trata de condiciones incorporadas al contrato individual de trabajo, y será colectiva cuando afecte a «condiciones reconocidas a los trabajadores en virtud de acuerdo o pacto colectivo o disfrutadas por éstos en virtud de una decisión unilateral del empresario de efectos colectivos», inciso legal en el que hay que entender contempladas tanto las condiciones reguladas en convenio colectivo extraestatutario o en pacto impropio, como las disfrutadas por los trabajadores como consecuencia del reconocimiento empresarial de una condición más beneficiosa colectiva.

La ley que, como hemos visto, refiere el procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo a las condiciones de naturaleza contractual, contempla en este precepto -lo que, desde un punto de vista sistemático no puede sino criticarse- un procedimiento para modificar determinadas condiciones pactadas en convenio colectivo estatutario. En efecto, «la modificación de las condiciones establecidas en los convenios colectivos regulados en el Título III de la presente Ley -reza el art. 41.2 E.T.-, sólo podrá producirse por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores y respecto de las materias» de horario, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración y sistema de trabajo y rendimiento». Por consiguiente, sólo respecto de estas materias y previo acuerdo entre el empresario y los representantes de los trabajadores suscrito al efecto, al margen por tanto del procedimiento general previsto por el precepto, podrán modificarse las condiciones pactadas en convenio estatutario.

Procedimieto a seguir
El procedimiento  previsto legalmente para proceder a las modificaciones sustanciales individuales es muy sencillo. Estas modificaciones pueden ser decididas individualmente por el empresario sin más exigencia que la notificación por el empresario al trabajador afectado y a sus representantes legales con una antelación mínima de treinta días a la fecha de su efectividad. Transcurrido este plazo, la decisión es ejecutiva y el trabajador viene obligado a acatarla, sin perjuicio de las acciones que contra la misma pueda ejercitar.

Sin embargo el
procedimiento legalmente previsto para las modificaciones colectivas es algo más complejo ya que la ley exige en este caso al empresario abrir, con carácter previo a la decisión, un periodo de consultas no inferior a quince días con los representantes de los trabajadores, periodo durante el cual deberán «negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo», sobre «las causas motivadoras de la decisión empresarial», «la posibilidad de evitar o reducir sus efectos» y «las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados».
La negociación puede concluir con o sin acuerdo. Para que haya acuerdo la ley exige «la conformidad de la mayoría de los miembros del comité o comités de empresa, de los delegados de personal, en su caso, o de representaciones sindicales, si las hubiere, que, en su conjunto, representen a la mayoría de aquéllos». La inexistencia de acuerdo no va a impedir al empresario adoptar la medida, pues puede decidirla unilateralmente. En efecto, concluido el periodo de consultas con o sin acuerdo, el empresario notificará a los trabajadores afectados su decisión sobre la modificación que surtirá efectos transcurridos treinta días.

¿Qué puede hacer el trabajador?

Frente a la decisión empresarial de modificar sustancialmente las condiciones de trabajo, la
ley prevé dos sistemas de reacción por parte del trabajador excluyentes entre sí:
  1. optar por la extinción indemnizada del contrato 
  2. acatar la modificación e impugnarla judicialmente por considerarla injustificada.
     
Extinción indemnizada del contrato

La primera vía de reacción puede practicarse cuando la modificación afecte a las materias de jornada, horario y régimen de trabajo a turnos y el trabajador resulte perjudicado por la misma, supuesto en el que la ley le reconoce el «derecho a rescindir su contrato y percibir una indemnización de veinte días de salario por año de servicio prorrateándose por meses los periodos inferiores a un año y con un máximo de nueve meses». La extinción tiene, en principio, carácter extrajudicial y opera por voluntad del trabajador; puede, no obstante, darse el caso de que el empresario se niegue a reconocer la opción del trabajador por entender que el perjuicio que la ley exige y que debe ser un perjuicio tangible, de cierta entidad y probado no concurre, en este supuesto, y para evitar males mayores, resulta aconsejable que el trabajador interponga una demanda de extinción del contrato y siga, mientras ésta se resuelve, prestando sus servicios. Esta vía se contempla en la ley, «sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 50, apartado 1. a», esto es, sin perjuicio de la posibilidad de que el trabajador solicite ante los tribunales del orden jurisdiccional social la extinción de su contrato basada en un incumplimiento contractual grave y culpable del empresario consistente en una modificación sustancial en las condiciones de trabajo «que redunde en perjuicio de su formación profesional o menoscabo de su dignidad». Solicitud que, de prosperar, comportará el reconocimiento al trabajador de la indemnización del despido improcedente.


Modelo solicitud extincion indemnizada del contrato

 
D./Dª...............................con D.N.I.nº ….........., en su propio nombre y derecho (en nombre y representación de D./Dª............................... con D.N.I nº............, representación que acredita con la documentación que se acompaña), conciliante de ..... años de edad, categoría profesional ........, y salario mensual de ...........euros brutos incluido el prorrateo de pagas extraordinarias, con domicilio a efecto de notificaciones en ........ c/ ........................ nº ......., C.P. ...... y teléfono nº..., ante esta Delegación Territorial comparece y DICE:

Que, mediante la presente papeleta, interesa la celebración de ACTO DE CONCILIACIÓN, previo a la vía jurisdiccional, sobre EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR VOLUNTAD DEL/ DE LA TRABAJADOR/A FUNDAMENTADA EN UN INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DEL EMPRESARIO (Arts. 49.1.j) y 50 E.T.) frente a .............................. con domicilio en ......... c/..…............... nº ....... C.P. ......, con C.I.F. nº........, dedicada a ..........., con centro de trabajo en .........., y un censo de ... trabajadores, donde presta sus servicios desde el día ../..../.... por las siguiente razones:


1º) La concurrencia de causa justa para la solicitud por la parte actora de la extinción de su relación laboral por incumplimiento por la demandada de sus obligaciones contractuales por (indicar causa (a) (b) ó (c))2 ........................................... .

2º) ............................................................. .

3º) Asimismo, y en consecuencia, se solicita la indemnización establecida para este supuesto en el artículo 50.2 del Estatuto de los Trabajadores.


En su virtud,

SOLICITA A ESA DELEGACIÓN TERRITORIAL que, teniendo por presentado este escrito de papeleta de demanda con sus preceptivas copias (deben aportarse tantas copias como nº de demandados más dos), se sirva admitirlo, disponer la celebración del acto de conciliación sobre los extremos aludidos y citar de comparecencia a las partes en el día y la hora señalados al efecto, extendiendo las preceptivas certificaciones.

En .........., a ... de .... de ....




EL/LA SOLICITANTE,

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ............(SECCIÓN DE CONCILIACIÓN).



(a): Las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo que redunden en perjuicio de su formación profesional o en menoscabo de su dignidad.
(b): La falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado.
(c): Cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario/a, salvo los supuestos de fuerza mayor, así como la negativa del mismo a reintegrar al/la trabajador/a en sus anteriores condiciones de trabajo en los supuestos previstos en los artículos 40 y 41 E.T., cuando una sentencia judicial haya declarado los mismos injustificados. 

Una vez celebrado o intentado el acto de conciliación, si este se produce sin avenencia, deberá el trabajador presentar la correspondiente demanda ante el Juzgado de lo Social, aportando el justificante del resultado del acto de conciliación, de tenerlo; en otro caso, deberá aportarlo en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la notificación.
Puede efectuarla el trabajador solo o asesorado o representado por un abogado, procurador, graduado social o sindicato en su caso. Con carácter general será Juzgado competente el del lugar de prestación de los servicios o el del domicilio del demandado a elección del demandante.

Impujnación judicial de la modificación

La segunda alternativa que la
ley contempla, para el trabajador que se muestre disconforme con la medida, es la de impugnarla judicialmente -por la modalidad procesal de modificación sustancial de condiciones de trabajo y de movilidad geográfica prevista en el art. 138 L.P.L.- con la finalidad de que se le reponga en sus anteriores condiciones de trabajo. De acuerdo con lo dispuesto en los arts. 41. 2 E.T. y 138 L.P.L., la sentencia puede declarar la modificación justificada, injustificada o nula. Cuando, por no acreditarse para los trabajadores afectados las causas invocadas por la empresa, la sentencia declare la modificación injustificada, condenará al empresario a reponer al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo. Cabe, sin embargo, que el empresario se niegue a hacerlo, supuesto en el que al trabajador no le cabe sino solicitar la ejecución de la sentencia y la extinción del contrato (art. 138.6 L.P.L.), percibiendo la indemnización del despido improcedente. El juez declarará la modificación nula cuando constate que la decisión empresarial se adoptó eludiendo el procedimiento legalmente establecido para las modificaciones colectivas. En tal caso, la sentencia condenará al empresario a reponer al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo, sentencia que se ejecutará en sus propios términos salvo que el trabajador inste la extinción indemnizada del contrato en los términos previstos para la modificación declarada injustificada. 

Demanda tipo en impugnación de modificación sustancial de las condiciones de trabajo (art. 138 LPL)
 
AL JUZGADO DE LO SOCIAL

D/Dª. ........................................., mayor de edad, provisto de DNI nº ............................., con domicilio en.......................... ..............................; ante esta jurisdicción social comparece y como mejor en derecho proceda,

DICE:

Que por medio del presente escrito formulo DEMANDA EN MATERIA DE MODIFICACION SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO, frente a la empresa ............................................................., con domicilio social en .........................................................................., dedicada a la actividad de .........................................

La citada demanda se formula en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO.- Comencé a prestar mis servicios en favor de la empresa demandada con fecha ................., con la categoría profesional de ....................................., y percibiendo como remuneración salarial por todos los conceptos la cantidad de ................. euros brutos al mes, con inclusión de pagas extraordinarias.

SEGUNDO.- Desde que fui contratado he venido realizando mi jornada laboral, de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde, de ........ horas a ............horas y de ........... horas a ............. horas.

No obstante, el pasado día ................, el Encargado de Sección me comunicó por escrito de la misma fecha que por necesidades organizativas debía realizar mis labores a partir del día siguiente en jornada continuada, desde las .............. hasta las ...............

TERCERO.- Considero dicha decisión contraria a derecho puesto que el art. 41.3 del Estatuto de los Trabajadores se refiere a que toda decisión de modificación sustancial de las condiciones laborales deberá ser notificada por el empresario al trabajador afectado y a sus representantes con una antelación mínima de treinta días a la fecha de su efectividad, lo que evidentemente no ha tenido lugar, deviniendo tal práctica en injustificada, atendiendo a la recta aplicación del principio de legalidad que obliga a la empresa a no realizar actos singulares que sin causa alguna atenten la estabilidad de las condiciones laborales del trabajador.

Es por ello, que conforme pacífica y reiterada jurisprudencia, el ius variandi o facultad del empresario de varias tales condiciones de trabajo no puede tener carácter omnímodo ni se admite en nuestro ordenamiento jurídico en términos absolutos, regulándose una serie de límites y garantías encaminados a tutelar los derechos profesionales y económicos del trabajador en función del cambio operado o que se pretende introducir (sent. TSJ Andalucía. Sala Social de Málaga, 20-9-1993).

CUARTO.- No ostento cargo representativo o sindical alguno.

A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Arts. 9.5 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación a los arts. 1, 2 a) y 10.1 del vigente Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (LPL), en cuanto a la competencia de este Juzgado de lo Social respecto a la cuestión litigiosa promovida.

II.- El art. 41del Estatuto de los Trabajadores (ET) si bien se refiere a que el empresario podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, deberá serlo con estricta sujeción a la existencia de probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, mediante la oportuna notificación con una antelación mínima de treinta días a la fecha de su efectividad.

III.- El citado art. 41.3 ET señala que sin perjuicio de la ejecutividad de la modificación llevada a cabo, el trabajador que se hallare disconforme con la decisión empresarial podrá impugnarla ante la jurisdicción competente.

IV.- El proceso a seguir es el contemplado en los arts. 80 a 101 LPL, con las particularidades a que se refiere el artículo 138 de la misma ley.
V.- Los demás que sean de aplicación al caso debatido conforme al aforismo « da mihi factum, dabo tibi ius ».

En su virtud, 

AL JUZGADO DE LO SOCIAL, SUPLICO: Que teniendo por presentada en tiempo y forma la presente demanda, con sus correspondientes copias, se la admita, y tras los trámites legales oportunos, dicte sentencia en la que, con estimación de la misma, se declare injustificada la decisión empresarial modificando mis condiciones de trabajo, condenando a la empresa demandada a reintegrarme en mi anterior horario laboral, esto es, en jornada partida, de ........... horas a .............. horas, y de ..........horas a ............horas.



PRIMER OTROSI DIGO: Comparecerá el demandante al acto del juicio asistido de Letrado, designando a D. ......................................., con despacho abierto en .............................................., dirección que designa, conforme a lo previsto en el art. 80.1 e) LPL, para que en la misma se practiquen todas las diligencias derivadas de la presente demanda.

SEGUNDO OTROSI DIGO: A efecto de prueba se interesa la siguiente:

A/ Sea citado el legal representante de la empresa a la que se dirige la presente demandada, con poderes a tal efecto otorgados, con conocimiento directo de los hechos de la demanda a fin de que comparezca personalmente y no mediante mero apoderado notarial a absolver posiciones en el acto de la vista oral en prueba de confesión en juicio, bajo apercibimiento de que tal facultad es indelegable y de que si no comparece, rehusare declarar o persistiese en no responder afirmativa o negativamente, podrá ser tenido por confeso a tenor de lo dispuesto en el art. 91.2 de la LPL.

B/ Se requiera a la empresa para que el día señalado para el acto del juicio, aporte la siguiente documentación con la prevención, si así no lo hiciere, de lo previsto en el art. 94.2 de la LPL.:

1- Libro de Matrícula
2- Libro de Visitas y de Faltas y Sanciones
3- Parte de alta en la Seguridad Social del demandante
4- Documentos de cotización TC1 y TC2 relativos a los últimos doce meses.
5- Contrato de trabajo con sus correspondientes prórrogas
6- Notificación de fecha ............., comunicando la modificación del horario laboral.
7- Fichas de control horario de entrada y de salida correspondientes al período ............................
8- .........................................
9- .........................................

C/ Testifical, consistente en que sean citados a declarar por este Juzgado las siguientes personas:

-D. ......................., en su calidad de Encargado de empresa.



- D. ......................, trabajador de la misma.

Ambos testigos deberán ser citados a comparecencia en el domicilio de la empresa demandada.

TERCER OTROSI DIGO: Que conforme al art. 63 LPL, se acompaña como documento nº ......, certificación del acta de conciliación previa celebrada con el resultado de ..........................


AL JUZGADO DE LO SOCIAL SUPLICO: provea de conformidad con lo solicitado.

En ................., a .... de .............. de 200..

 


Frente a las decisiones empresariales relativas a la modificación sustancial de condiciones de trabajo, tanto en los supuestos de modificaciones colectivas como en aquellos de modificaciones individuales que afecten a un grupo homogéneo de trabajadores (S.T.S. 6 de mayo de 1995 [A/4.379]), los representantes de los trabajadores pueden ejercitar la acción de conflicto colectivo
Tanto la acción individual como la colectiva (S.T.S. 21 de abril de 1997 [A/1.571] y 14 de mayo de 1997 [A/4.095]) deben ser ejercitadas en el plazo de caducidad de veinte días, plazo que empieza a contarse desde la fecha de la notificación de la decisión empresarial.
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jueves, 12 de enero de 2012

MODELO RECURSO ALZADA

El recurso de alzada es un recurso de carácter administrativo a través del cual se busca que un órgano administrativo revise un acto dictado por otro órgano dependiente jerárquicamente de él, buscando que enmiende conforme a Derecho el acto del órgano inferior.

El recurso de alzada viene regulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su TÍTULO VII Capítulo II Sección Segunda, con la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.


CONTRA QUE ACTOS SE INTERPONE


Los actos impugnables en vía de recurso de alzada son los actos definitivos (resoluciones) o de trámite cualificados que no ponen fin a la vía administrativa; la finalidad de interponer un recurso de alzada es, además de intentar lograr la revisión por motivos de legalidad del acto que se impugna, la de poner fin a la vía administrativa (o agotar la vía administrativa) para poder acudir, en su caso, a la vía contencioso-administrativa.

ANTE QUE ORGANO SE INTERPONE


El recurso de alzada se tiene que interponer ante el órgano que dictó el acto recurrido o ante su superior jerárquico. En el primer caso, el órgano que dictó el acto impugnado deberá remitirlo al competente para resolver, junto con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente, en el plazo de diez días (art 114.2 LRPAC)

Los recursos contra un acto administrativo que se basan únicamente en la ilegalidad de alguna disposición administrativa se interpondrán ante el órgano que dictó tal disposición (art.107.3 LRJPAC).

PLAZO DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO


- 1 mes si el acto recurrido es expreso, es decir, si ha sido notificado expresamente al/a interesado/a.

- 3 meses si el acto recurrido es presunto, es decir, si ha no sido notificado expresamente al/a interesado/a.

RESOLUCIÓN


Plazo: 3 meses.
Transcurso del plazo sin notificación: efectos desestimatorios.
Si el acto recurrido es presunto: efectos estimatorios.

Y DESPUES?


Una vez dictada y notificada la resolución del recurso o producida la denegación presunta del mismo quedará expedita (abierta) la vía contencioso-administrativa.

Contra la resolución expresa del recurso o la denegación presunta del mismo, no podrá interponerse ningún otro recurso administrativo ordinario (es decir, ni de alzada, ni el potestativo de reposición); únicamente podría interponerse el recurso extraordinario de revisión, una vez que el acto fuese firme en vía administrativa y concurriese alguna de las causas que con carácter tasado pueden motivar dicho recurso (V. recurso extraordinario de revisión en vía administrativa).

El plazo para interponer un recurso contencioso-administrativo es distinto según que se recurra la resolución expresa del recurso de alzada o la denegación presunta del mismo; en el primer supuesto mencionado, el plazo será de dos meses, a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución; en el segundo supuesto, el plazo será de seis meses, a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca la denegación presunta del recurso de alzada.





MODELO DE RECURSO DE ALZADA


A(1).........................................,D/Dña.(2)........................, con NIF/NIE nº (3).................... y domicilio de notificaciones en (4) ...............................

EXPONE

Que, con fecha (5) ..............................., le ha sido notificada (6) ......................... dictada por (7) ...................................... por la que (8) .........................................

Que, no estando conforme con la misma, interpone, en tiempo y forma legales, Recurso de Alzada, que se fundamente en los siguientes

MOTIVOS (9)

....................................................,
....................................................,
....................................................,

Por todo lo cual,


SOLICITA

Que, teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo, tenga por interpuesto Recursos de Alzada contra la Resolución mencionada y, en base a los motivos alegados dicte Resolución por la que se declare la nulidad o anulabilidad de la misma.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:

..........................................................
..........................................................
..........................................................

(10) En .............., a .. de ...................de ....



Firma (11)
..........................................................




Notas:
(1) Órgano administrativo al que se dirige el recurso.
(2) Nombre y dos apellidos del/a recurrente, o en su caso del representante.
(3) NIF, pasaporte o NIE del/a recurrente, o en su caso del representante.
(4) Domicilio para las notificaciones postales: no tiene porqué coincidir con el de su vivienda habitual. Con indicación de Calle, Número, Piso, Localidad y Provincia.
(5) Fecha notificación del acto recurrido.
(6) Acto recurrido, con expresión y detalle del mismo (resolución, acuerdo, acto de trámite, etc.)
(7) Órgano que dictó el acto recurrido.
(8) Contenido del acto recurrido: parte dispositiva del mismo (hechos, circunstancias, fechas, etc.)
(9) Descripción detalla y sistemática de las razones en las que se fundamenta el recurso de alzada.
(10) Lugar y fecha.
(11) Firma del/a recurrente o Representante en su caso.

Os dejo con unos cuantos enlace a diferentes modelos de recursos de alzada:
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miércoles, 4 de enero de 2012

Modelo Recurso Reposición

El uso o utilización de un Modelo de Recurso de Reposición significa que la vía Administrativa para recurrir los actos administrativos a finalizado.

En la legislación española el recurso de reposición sólo se pueden interponer ante los actos administrativos que pongan fin al procedimiento administrativo, y tiene carácter potestativo; es decir, no es necesario interponerlos para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. (Artº 116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común)

El recurso de reposición está previsto tanto en la tramitación judicial como contra una resolución administrativa. En ambos casos se presenta ante la misma autoridad que dictó el auto (si se trata de un proceso judicial) o el acto administrativo; si el recurso se resuelve positivamente se dicta un nuevo auto, o se "repone" el acto administrativo mediante una nueva resolución.

En el derecho procesal este recurso ordinario y horizontal puede interponerse en cualquier instancia, incluso contra recursos extraordinarios. Es decir que se podría revocar una providencia simple de la Corte. Procede únicamente contra providencias simples que causen o no gravamen irreparable. Se interpone de forma escrita y dentro de los tres días de la notificación. Debe ser fundada. Así, este tipo de recursos se erigen como el medio de impugnación que la ley establece en favor de una parte agraviada por un auto o decreto y, excepcionalmente, por una sentencia interlocutora, a objeto que el mismo tribunal que ha dictado esta resolución proceda a dejarla sin efecto o modificarla. Es el recurso que, por excelencia, se interpone en contra de aquellas resoluciones que tienen este carácter.

¿QUÉ PONE FIN A LA VÍA ADMINISTRATIVA?
La vía administrativa es finalizada por:

a) Las resoluciones de los recursos de alzada.
b) Las resoluciones de los procedimientos de impugnación (a que se refiere el artículo 107.2) que, de acuerdo con las Leyes, puedan sustituir al recurso de alzada.
c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.
d) Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca.
e) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.


¿EXISTE UN PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO DE REPOSICIÓN?
El plazo para la interposición del recurso de reposición será de 1 mes si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de 3 meses y se contará a partir del día siguiente a aquél, en que, de acuerdo con su normativa específica se produzcan los efectos del silencio administrativo.

Transcurridos dichos plazos, únicamente podrá interponerse recurso contencioso administrativo.


¿DÓNDE Y ANTE QUIÉN SE INTERPONE EL RECURSO DE REPOSICIÓN?

El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna. El recurso se podrá presentar en cualquiera de los registros de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales firmantes del Convenio de Ventanilla Única o por correo.

DATOS REQUERIDOS PARA INICIAR LA TRAMITACIÓN
1.- Nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo.
2.- El acto que se recurre y la razón de su impugnación.
3.- Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del lugar que se señale a efectos de notificaciones.
4.- Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige.
5.- Las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones específicas.

OTRA INFORMACIÓN

· Forma de iniciación: A solicitud del interesado.

· Tipo de procedimiento: Revisión de actos.

· Órgano que resuelve el procedimiento: Órgano administrativo que dictó el acto que se impugna.

· Plazo máximo para resolver y notificar: 1 mes.

· Efectos de la falta de resolución en plazo: Desestimatorios.

· Plazo de interposición del recurso: Contencioso-administrativo: 2 meses si el acto fuera expreso ó 6 meses si no lo fuera.

· Órgano que resuelve el recurso: Tribunales de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Normativa: * LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN, MODIFICADA POR LA LEY 4/1999, DE 13 DE ENERO, (BOE N.º 285, DE 27 DE NOVIEMBRE DE 1992 Y BOE Nº 12, DE 14 DE ENERO DE 1999).

MODELO RECURSO DE REPOSICIÓN

 AL ÓRGANO COMPETENTE AL QUE SE DIRIGE LA PETICION.
D./Dª. .................., mayor de edad, con N.I.F nº. ...., con domicilio en la calle ......, nº ......., piso ......., en ......., provincia de ......., designado el mismo a efectos de notificaciones, actuando en nombre y derecho propio y en condición de interesado en el procedimiento que se tramita en el expediente administrativo número .........., comparezco y como mejor proceda en Derecho,
DIGO:
Que mediante resolución de fecha ..... de ....... de ....., notificada el siguiente día .... de ......., dictada por el órgano administrativo ............, se acuerda ................, y pone fin a la vía administrativa.
 
Que mediante el presente escrito, vengo a interponer RECURSO DE REPOSICIÓN previo al recurso contencioso administrativo, en tiempo y forma, contra dicha resolución, y de conformidad con lo establecido en el artículo 116 y 117 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, con base en las siguientes
 
ALEGACIONES
PRIMERA.- ...................
SEGUNDA.- ...................
 (Alguna de las causas de nulidad o anulabilidad establecidas en los artículos 62 y 63 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, serán el fundamento del recurso; se deberá justificar la causa del recurso, el agotamiento de la vía administrativa y el plazo de interposición).
 En virtud de lo expuesto,
 
SUPLICO A VE, VI o UD:
Que teniendo por presentado este escrito, junto con los documentos que se acompañan, acuerde tener por interpuesto RECURSO DE REPOSICIÓN contra resolución de fecha .... de ....... de ....., dictada por el órgano administrativo .........., por la que ..............., y estimando el recurso anule dicha resolución.
 
Por ser de justicia que pido en ........, a ..... de ...... de .....

DIFERENTES MODELOS DE RECURSOS DE REPOSICION
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